Las comunidades autónomas se mueven ya en clave de “nueva normalidad” y tratan de anticiparse a la movilidad sin restricciones que llegará en 10 días.
Mientras el Gobierno planifica los próximos meses pendiente de una crisis económica que viaja del vagón de cola al de cabeza de la crisis sanitaria con las alarmas encendidas por previsiones como la de la OCDE, que vaticina para España una caída del PIB de más del 11 %, la mayor entre los países del G-20.
En esa crisis económica pesa de manera especial el sector turístico, con el verano a las puertas y muchas incertidumbres, como las que planean sobre el nuevo curso escolar.
El Gobierno trata de planificar con las comunidades con planteamientos como la eliminación de la distancia y las mascarillas para los niños de hasta 10 años y el objetivo de una vuelta a las aulas en septiembre con todos los alumnos y un máximo de 20 por clase.
En la octogésima octava jornada del estado de alarma, en la que la crispación política ha cubierto una nueva etapa de montaña en el Congreso con el Gobierno y el PP culpándose mutuamente de ser sus inductores, ha declarado ante la jueza que investiga la manifestación del 8M en Madrid el delegado del Gobierno, quien ha dicho que “no había ningún elemento” para prohibirla.
Los contagios por coronavirus, que globalmente han vuelto a superar este miércoles el centenar (167) y se han duplicado respecto a ayer, han aumentado hasta 25 en el hospital vizcaíno de Basurto, donde se ha registrado el fallecimiento de un paciente con otras patologías asociadas.
El número total de muertos (27.136) sigue “congelado” con 40 atribuidos a los últimos siete días.
Movilidad en la desescalada España
Con el 21 de junio como fecha segura para el fin de las restricciones de movilidad por toda España y con las competencias en manos de las comunidades desde la fase 3, las peticiones al Ministerio de Sanidad para el cambio de etapa se mueven ya en otros parámetros y con lógicas bien distintas a las del inicio de la desescalada.
A partir de esas premisas, que sitúan a toda España de hecho en la llamada “nueva normalidad” dentro de diez días, cuando venza la última prórroga del estado de alarma, la Comunidad de Madrid ha decidido finalmente hoy no pedir avanzar de fase el próximo lunes, tras una semana en la 2, de la misma forma que no lo plantea Cataluña para las regiones sanitarias de Barcelona y Lleida.
Por el contrario, lo demanda Castilla y León para la totalidad de su territorio, sin completar el tránsito de quince días establecido inicialmente para cada fase, con lo que se suma en su petición a la Comunidad Valenciana, Ceuta y las provincias castellanomanchegas de Toledo, Albacete y Ciudad Real, que sí que agotarán ese periodo.
En la fase 3 lleva desde este lunes Galicia, al igual que otras trece comunidades, que reúnen a un 52 por ciento de la población, y su presidente, Alberto Núñez Feijóo, que en julio se somete al dictado de las urnas con pronósticos muy favorables, ha avanzado que trabaja en la posibilidad de que Sanidad pueda dejar sin efecto el estado de alarma el próximo lunes, una vez que su gabinete decida llegar a la “nueva normalidad”.
En esa clave se mueve también el País Vasco, donde también hay elecciones autonómicas el 12 de julio. El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha dicho que espera que el próximo lunes se pueda permitir la movilidad entre Euskadi y Cantabria, aunque hay que ver si pesa en ese deseo el rebrote detectado en el hospital vizcaíno de Basurto, donde ya son 25 los positivos por la covid-19 y un fallecido con patologías previas.
También el presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, ha anunciado que si pasa a fase 3 planteará iniciar la movilidad exterior de su comunidad con la Región de Murcia y Baleares y posteriormente con Castilla-La Mancha y Aragón, aunque sin fijar fechas.
Nuevo curso escolar 2020-2021: vuelta a las aulas
Uno de los primeros cierres que se decretó por la epidemia en España fue el de los centros docentes, cuya reapertura presencial este curso va a ser testimonial, lo que ha generado críticas y debates, dentro y fuera de la comunidad educativa, sobre su papel esencial y la necesidad de que hubieran sido una de las prioridades en la desescalada y la vuelta a la normalidad, pese a la proximidad de las vacaciones veraniegas.
En ese marco, la ministra de Educación, Isabel Celáa, ha expresado el deseo del Gobierno de que los centros escolares puedan iniciar el curso en septiembre con todos los alumnos y que la reducción de las distancias de 2 a 1,5 metros, como publica hoy el BOE, permitan ampliar la capacidad de alumnos en los espacios disponibles en el centro, incluidas salas de actos, gimnasios o bibliotecas.
Esa distancia de seguridad de un metro y medio no afectaría, según la propuesta que Sanidad y Educación presentarán mañana a las autonomías en la conferencia sectorial, a los alumnos de infantil y de primero a cuarto de primaria, es decir, hasta los 10 años, que funcionarían, “a modo de familia o convivientes”, como grupos cerrados y estables de un máximo de 20 alumnos, en los que tampoco sería necesaria la mascarilla.
Sí sería obligatoria la mascarilla, en cambio, en quinto y sexto de primaria, cuando no se pueda garantizar la distancia. El documento del Gobierno insta a priorizar la utilización de los espacios al aire libre, insiste en la higiene personal y remarca que cada centro debe tener, de forma complementaria, un plan de inicio de curso, así como planes específicos de contingencia sobre la covid-19 con una persona responsable por escuela.
Crispación en el Congreso
Donde no llega la desescalada, más bien al contrario, es a la política, enredada en su propia dinámica que convierte cada miércoles el Congreso de los Diputados en una subida al K2 sin sherpas.
En la jornada de hoy, para añadir otro nudo a la cuerda, los principales montañeros se han obstinado en culparse unos a otros de la crispación.
El líder de la oposición, Pablo Casado, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de esparcir “el veneno de la confrontación” y éste, a su vez, le ha recriminado que esté utilizando el virus para tratar de “derrocar” a su Ejecutivo.
Los haberes y las culpas se han repetido, como ya es habitual, en las sucesivas unidades de sus respectivas cordadas.
Desde la montaña de la crispación se puede contemplar un vasto horizonte judicial, a distintas alturas y distancias. En una de ellas se sitúa la manifestación de Madrid del 8-M, que hoy ha llevado hasta el juzgado al delegado del Gobierno en esa comunidad, José Manuel Franco, acusado de prevaricación por no haberla prohibido cuando había ya casos de coronavirus
“No había elementos ni recomendaciones que llevasen a la Delegación a prohibir el derecho fundamental de manifestarse", ha dicho Franco que ha declarado a la juez, ante un abanico de periodista de los que hace tiempo que no se veían por las circunstancias del confinamiento, y ha añadido: "Se hizo lo que en aquel momento marcaba la ley y lo que les indicaban los expertos sanitarios”.
En ese horizonte judicial también están localizadas las 186 investigaciones penales, tras notificarse once más, que lleva a cabo la Fiscalía en residencias de mayores, la mitad de ellas en Madrid, en el centro de una polémica con una trágica cifra de muertos aún por evaluar, que las estadísticas oficiales, vinculadas a las pruebas de diagnóstico PCR, sitúan en algo más de 1.200 y otros recuentos elevan hasta las 6.000.
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